Cartagena durante la Segunda República Española.
Marco Socioeconómico y Bienio Social Azañista

 

Francisco Franco Fernández

 

El estudio de Cartagena durante la Segunda República y la Guerra Civil, resulta fundamental para comprender la realidad nacional durante los años 30 y, sin embargo, apenas existen estudios sobre el tema. Destacamos la importancia de este momento histórico en Cartagena porque esta ciudad participó de forma muy activa en el desarrollo de las dos experiencias republicanas conocidas en España, dándose la peculiar circunstancia de que, por su tradición liberal y su condición de plaza casi inexpugnable, fue en ambos casos la última ciudad en existir la República.

La lamentable ausencia de estudios serios sobre Cartagena en este periodo se debe a la profunda huella que dejó la Guerra Civil que acabó con la República en una ciudad donde los bombardeos fueron casi permanentes, y la lucha de clases y la represión política por ambas partes dejó como testimonio permanente una sociedad hundida, dividida en vencedores y vencidos y traumatizada por unos recuerdos que casi nadie quiere revivir. El trabajo más notable aparecido hasta la fecha fue publicado por la Universidad de Murcia en 1993 y su autor fue Juan Martínez Leal, siendo el título República y Guerra Civil en Cartagena (1931-39). Por su parte, la Editora Regional de Murcia publicó en 1986 la obra de Francisco Javier Pérez Rojas Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectura), donde se recogen aspectos muy interesantes de aquellos años desde el punto de vista urbano, social y cultural. En estas dos obras básicas se recoge la reseña de otros trabajos de menos entidad o más localizados en el tiempo o en su temática de autores fundamentales en la historiografía murciana contemporánea, como son José Antonio Ayala, Juan Bautista Vilar, Pedro María Egea Bruno o Diego Victoria.

Por nuestra parte, este modesto estudio, por su obligada brevedad, se centrará en un periodo muy concreto de la experiencia republicana, el comprendido entre la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 y la llegada al poder de la derecha en virtud de las elecciones generales celebradas el 19 de noviembre de 1933. Es la etapa de gobierno de la conjunción republicano-socialista encabezada por Manuel Azaña y llamada por ello y por las reformas sociales emprendidas bienio social-azañista. No nos limitaremos a hacer una mera reseña de acontecimientos históricos, sino que centraremos nuestro estudio en desentrañar la raíz social y económica de esos años en particular y de toda la época en general, con el fin de acercar al lector al contexto general y a una visión propedéutica del periodo que pueda ser superada en ulteriores trabajos.

La coyuntura socioeconómica y política de la etapa republicana.

La Cartagena de los años 30 y 40 presenta un panorama social, económico y político similar al del resto de España, conmocionada por una coyuntura desfavorable a causa de la crisis de 1929, la aparición de los fascismos y los conflictos políticos nacionales e internacionales. Cartagena participó en acontecimientos cuyos orígenes y desenlace superaban el marco meramente local.

El censo de 1930 refleja que el municipio de Cartagena tenía una densidad de 183,3 habitantes por kilómetro cuadrado en 1930 y 203,5 en 1940, siendo muy superior a la media provincial (57 hab./km.2) y a los 46,7 de la media nacional. José Antonio Ayala en su libro Murcia en la Segunda República señala un incremento del 10% en la región en los años de la II República a pesar de la Guerra Civil, lo cual explica por las restricciones migratorias de la época y el carácter de zona de retaguardia. El proceso de crecimiento del municipio, constante desde 150 años atrás, continuó, pasándose de los 102.518 habitantes de 1930 a los 113.468 que reflejaba el censo de 1940.

Es importante, según afirma Juan Martínez Leal en su obra República y Guerra Civil en Cartagena el peso de las diputaciones rurales y de los barrios extramuros, siendo las cifras aportadas por este autor de 36.024 habitantes en el casco urbano en 1930 y de 43.104 en 1940; 18.823 en los barrios periféricos en 1930 y 24.831 diez años después y , en el total de las diputaciones del campo un total de 48.717 en el primer periodo y 45.553 en el segundo. Asistimos, por un lado, a un proceso de urbanización, con incremento del casco urbano frente a los distritos rurales y, por otro, a una creciente importancia de los barrios periféricos, en un proceso de degradación del casco histórico y traslado de la población al ensanche y la periferia, fenómeno que comienza en los años veinte, se consolida durante la Guerra Civil por huir de la proximidad de objetivos bélicos y continúa en nuestros días.

El libro de registro de defunciones del Juzgado de Cartagena señala que, durante los años de la República, continuó el proceso de modernización demográfica, el periodo de transición de un régimen poblacional antiguo a una estructura moderna, como indica el paso de una tasa de mortalidad de 28 habitantes por cada mil en 1910 al 17,3 de 1930 y el 15,7 de 1935, que permaneció estancado cinco años después a causa de la Guerra.

El crecimiento natural de la población, un 10,1 por mil en 1930 y un 11,2 en 1935 se explica por el mantenimiento de las tasas de natalidad en porcentajes elevados, siendo respectivamente de 27,4 y 26,9 para las fechas antes apuntadas, y produciéndose el lógico estancamiento durante la guerra y la postguerra, siendo el crecimiento vegetativo de un 6 por mil en 1940. El saldo migratorio de la ciudad manifiesta, según los censos de población de la época, un volumen negativo para el periodo entre 1911 y 1920 de 5651 emigrantes, coincidente con la época de crisis de la minería. Sin embargo, durante el periodo 1921-1930 se invierte la tendencia, exis-tiendo un volumen positivo de 5.627 personas, y entre 1931 y 1940 continúa el pro-ceso, con un incremento de 10.950 personas. Se explica tanto por el freno de las migra-ciones exteriores a causa de la crisis de 1929 como por la conversión de la ciudad durante la Guerra en zona de acogida de refugiados y acuartelamiento de tropas.

La sociedad cartagenera presentaba una estructura bien diferente a la del resto de la provincia de Murcia, de mayoría rural. Existía, como en otras ciudades mediterráneas, una gran mezcla de elementos industriales, comerciales, políticos y militares y un nivel cultural bastante bueno en el contexto de la región, registrándose en 1930 una tasa de analfabetismo del 40,87, frente al 44,3 de media nacional y el 56,99 provincial.

Francisco Javier Pérez Rojas, en su libro Cartagena. 1874-1936. señala que para conocer la ciudad y la sociedad cartagenera contemporánea es importante considerar la influencia de lo militar, la minería y el puerto, que daba a la ciudad un aire cosmopolita y algo colonial por falta de capital autóctono. En este ambiente el forastero era rápidamente bien recibido, participando del característico sentir local de ser una ciudad extraña dentro de una región agraria y en aquel entonces algo endogámica.

Ese sentimiento insular ha servido durante décadas como aglutinante de una ciudad variopinta y multiforme, que en aquellos años expresaba políticamente su bandera localista antimurciana a través del muy reprentativo Partido Cartagenerista, cuyos concejales se ufanaban en el Consistorio de no tener mas ideología política que ser cartageneros. Todo ello se mezclaba con un hondo sentir patriótico y castrense del que participaba toda la sociedad y que se debía a la secular presencia en todos los actos culturales, sociales y políticos del estamento militar, lo cual les diferenciaba un poco más de una sociedad tan alejada del militarismo como es la murciana.

Las clases altas de la ciudad vivían en un ambiente de lujo que se reflejaba en la construcción desde final de siglo de mansiones al más puro estilo modernista, especialmente por parte de nuevos ricos de la minería como los Pedreño, Aznar, Conesa, Zapata, Aguirre o Cervantes.

Pérez Rojas destaca como una de las primeras familias emprendedoras a los Conesa , que basaron su fortuna en el comercio local y la marina mercante, entre otras actividades. Los Pedreño, por su parte, poseían fundiciones en Alumbres y Santa Lucía, e incluso dispusieron de un puerto particular cuando todavía no existía el actual. Un miembro del clan, Andrés, fue diputado de la Restauración y participó en la construcción del ferrocarril a La Unión. Otra familia importante fueron los Spottorno, de origen italiano y miembros de la burguesía progresista de la ciudad. Uno de sus miembros, Bartolomé, fue alcalde en varias ocasiones y cónsul de Alemania y otros países, participando en la vida social de la ciudad como director de la Casa de Misericordia y presidente del Casino. Tuvieron un enorme prestigio popular y emparentaron a través de matrimonio con el famoso filósofo español Ortega y Gasset.

También eran extranjeros Estanislao Rolandi Barragán, relacionado con la fábrica de cristal de Santa Lucía y los Rostchild, que participaban en sus explotaciones mineras. Otros importantes industriales de la época fueron el Marqués de Villamejor, propietario de la fábrica de desplatación sita en Santa Lucía, con ferrocarril y muelle; e Hilarión Roux, que tenía varias fundiciones.

A finales del siglo XIX, surgen con fuerza una serie de familias relacionadas con la minería, es el caso de los Aguirre. Uno de sus miembros, Camilo, fue en la Restauración diputado y concejal y su hijo Luis, alcalde a comienzos del siglo XX. Pero, sin duda, los más importantes industriales de la minería fueron los miembros del grupo familiar Zapata-Maestre, destacando de entre ellos Miguel Zapata (el famoso tío Lobo) y el político José Maestre. Otros miembros de la burguesía minera fueron las familias Cervantes, Alessón, Dorda, García, Orchadson y Wandossell. Fuera del círculo de la minería, cobran fuerza también profesionales del comercio como las familias Portela, Calín, Valls, Font, Molina, Doria, Llagostera, Gómez Quiles, Egidio, Zamora o Sanz Cobo.

Esta fértil e incluso progresista burguesía que se desarrolló a finales del siglo XIX y comienzos del XX fue poco a poco haciéndose conservadora, entre otros motivos por la influencia y creciente relación del estamento militar a nivel familiar, político y laboral. Uno de los más importantes ejemplos es el del militar Justo Aznar, que emparentó con la burguesía local por vía de matrimonio con Ana Pedreño. El diario El Eco analizaba en 1916 su figura con este comentario: “…por su matrimonio se desvió la figura del señor Aznar hacia el mundo de los negocios, la banca, la política y el poderío…”.

Otros ejemplos de militares vinculados a la política y los intereses fueron Joaquín Togores y Fábregues, casado con la hija del industrial Tomás Valarino, Salvador Albacete, Ramón Auñón, etc.

Con el paso del siglo y la llegada de la República, comenzaron a brillar en la política los intelectuales y profesionales liberales como Antonio Bonmatí, Ricardo Guardiola, Ramos Bascuñana y Leopoldo Cándido. Éste último fue un importante médico, con reconocimiento internacional, político (fue alcalde de Cartagena) y periodístico (fundando los periódicos “La Fusión”, “El Centinela” y “Revista Popular de Higiene”).

Como hemos podido comprobar, en las décadas previas a la Segunda República, la cantera política mas importante fue la alta burguesía de los negocios y la industria, siendo éste el elenco de los alcaldes en la etapa prerrepublicana: Saturnino Maestre (1873). Jaime Bosch (1877). Molina Cros (1878). Leopoldo Cándido (1883). Mariano Sanz Zabala (1899). Ángel Bruna (1901). Manuel Zamora (1919). Alfonso Torres. (Durante la Dictadura).

Existía también en Cartagena un proletariado con cierta conciencia de clase, formado sobre todo por trabajadores de las minas, el arsenal y el puerto y, en relación con estas clases populares, una amplia población de pequeños militares y reclutas de amplio arraigo en la ciudad y que contribuyeron con gran fuerza durante la II República y la Guerra Civil a desarticular los sucesivos intentos reaccionarios de ciertos militares de graduación. Parece evidente que la clase obrera, especialmente los mineros, no gozaba en la comarca de una posición acomodada, y tenemos indicios suficientes para pensar que la sociedad cartagenera, bastante equilibrada en el Antiguo Régimen, vivió los años de esplendor de la minería de una forma especulativa, redundando escasamente los capitales en el fomento de actividades productivas de futuro y provocando a nivel local un proceso de polarización social, inflación de precios en productos populares y conflicto de clases latente, que se manifestó, como suele ser normal en una época de crisis y cambio como fue la de los años 30. El trovero Marín, rebosante de sabiduría popular, lo manifestó a su manera:

“ Sangre vierte el corazón

viendo con vergüenza y pena

mendigar en Cartagena

los mineros de La Unión.

¿Qué te valió pueblo mío,

hacer tantos millonarios,

y darles tal poderío;

si aquí están tus proletarios

con el armario vacío?”

Los mineros residían en El Llano del Beal y las cuatro localidades enfrentadas durante años y unidas mediante decreto por el General Prim: Portman, Roche, Herrerías y El Garbanzal, poblaciones que formaron desde entonces el municipio de La Unión y que estaban estrechamente unidas a Cartagena, físicamente por el trenet (inaugurado en 1874) y el tranvía a vapor, políticamente por residir sus magnates en la ciudad y económicamente por la implicación de los capitales mineros en el desarrollo de la ciudad portuaria.

Estos mineros, según los numerosos estudios de Juan Bautista Vilar y Egea Bruno sobre el tema, procedían en su mayoría de otros lugares de la región y de las provincias limítrofes, como Almería y Jaén. Todos los testimonios parecen indicar que sus condiciones de vida no fueron nada buenas, incluso en los años de esplendor, siendo la situación límite en los años previos a la Segunda República. Las características del trabajo en la minería fueron estas:

1º Una dureza extrema, al estar las minas bajo tierra y las explotaciones poco modernizadas por su atomización, perteneciendo a particulares de la comarca y no a grandes empresas.

2º Jornadas de trabajo muy largas y participación de mujeres y niños en pesadas tareas como la de arrastrar el mineral desde donde se extraía en la mina hasta la cuba que lo elevaba, ganando como jornal dos pesetas.

3º Viviendas de baja calidad.

4º Desprotección social y alta peligrosidad.

5º Bajo salario, con jornales medios de tres pesetas.

6º Elevado precio de los recursos elementales por la inflación ligada a la existencia de una burguesía con elevado poder adquisitivo y el control por los señores de las minas de los principales comercios de La Unión, dándose el caso de mineros que cobraban su soldada en vales canjeables por alimentos en establecimientos del propio patrono.

Luis Ruy Wamba, viajero de comienzos de siglo, relataba en aquellos años las condiciones de trabajo en las minas. Señalaba en su testimonio las enormes profundidades de los pozos, que despedían fuego y olor a azufre y petróleo y las características de los trabajos, que eran muy peligrosos. Los obreros debían andar en algunas ocasiones varios kilómetros para llegar a la mina y, una vez allí, sujetos mediante un cinturón, se dejaban caer asidos a una de las argollas de la cadena hacia la cuba que les hacía descender a galerías de entre 100 y 400 metros de profundidad.

En las minas la respiración era dificultosa y las paredes se horadaban a veces con la molesta presencia del agua y una enorme falta de ventilación.

Se refiere en el relato de Ruy Wamba el testimonio de un gobernador militar de Cartagena que perseguía con tenacidad el anarquismo y lo tenía como la peor cosa del mundo. Un día fue invitado a visitar los trabajos subterráneos de una mina de la sierra minera, examinó las galerías y vio las condiciones laborales, exclamando cuando se sintió libre en la superficie:“Ahora me explico el anarquismo”.

Otros sectores importantes dentro de los trabajadores eran los del puerto, tales como los cargadores y los tartaneros; los del Arsenal, las fundiciones de Santa Lucía, las obras públicas, la construcción, etc. Tal y como se ha relacionado en líneas anteriores, en época de la República hemos de incluir entre las filas del proletariado al numeroso contingente de reclutas que existía en la ciudad y a los pequeños trabajadores autónomos que surgían en torno a ellos: aguadores, vendedores de alimentos, taberneros, bodegueros, buhoneros, etc. Entre las tareas femeninas destacaremos el servicio doméstico, la lavandería, la limpieza y la minería.

En una sociedad portuaria como es la cartagenera, existía también un elevado número de personas ambulantes entre las que se encontraban prostitutas, vagabundos, proxenetas, marineros de fortuna y desarraigados de todo género y condición. Estamos tratando, pues, de una sociedad con enormes desigualdades y diferencias de clase, la cual fue analizada por el pensador cartagenero Manuel Laguna en el periódico Cartagena Ilustrada. El análisis de estas líneas presenta una sociedad en la que quedan identificados trabajadores manuales y del intelecto en cuanto a su escasa retribución, poco asociacionismo y, en ocasiones, falta de actitudes reivindicativas y conciencia de su situación de explotados. De los cartageneros de la época decía: “Muchos pierden el tiempo en ostentaciones que no están en consonancia con su vida, en discutir como energúmenos de toros y deportes, emplean sus actividades en otras sociedades de diferente carácter, en todo cooperan menos donde tienen la obligación moral y material de hacerlo para conquistar su mejoramiento y el de sus semejantes”.

Era habitual en Cartagena la vida en la calle y en la taberna y esto afectaba sobre todo a las clases populares, que pasaban muchas horas, según testimonio de la época “alcoholizándose, profiriendo blasfemias y dando golpes iracundos sobre las mesas y, como consecuencia de esto, luego hay malos tratos para la mujer y peor educación para los hijos”.

Las condiciones laborales eran bastante malas. No existían inspecciones de trabajo y la jornada duraba a veces doce horas, no se cumplían las reglamentaciones laborales, se obligaba a los obreros a firmar declaraciones de no haber hecho horas extraordinarias y aquellos que reclamaban ante los llamados tribunales industriales entraban en una lista negra de personas a los que los patronos no daban trabajo. En los años 30 asistimos a un resurgir del asociacionismo obrero que mas adelante trataremos en profundidad y que intentaba corregir las situaciones antes descritas a través de partidos y sindicatos de clase, teniendo como precedente cartagenero y germen de la solidaridad obrera las organizaciones denominadas Federación Instructiva de Dependientes y la de Obreros Tipógrafos.

El aumento de la población y el alojamiento continuo de tropas provocaba desde el siglo XVIII un gran problema de viviendas porque entre 1930 y 1940 la actividad constructora de la ciudad había sido insignificante en comparación con los cincuenta años anteriores, los del gran auge del Modernismo y la abundancia de capitales procedentes de la minería. La desaceleración del ritmo de construcción (con un incremento de solo dos centésimas en los años de la República), especialmente en el Ensanche, hemos de relacionarla con la crisis económica internacional, nacional y local; la falta de confianza mutua entre la burguesía económica de la ciudad y el nuevo poder político y el estallido de la Guerra, que condicionó la vida diaria. Durante el conflicto los evacuados y los que perdieron sus viviendas en los bombardeos, fueron alojados de forma obligatoria en domicilios particulares y en casinos, teatros, cines, iglesias y conventos.

En cuanto a las actividades económicas diremos que se produjo un proceso de ruralización a nivel provincial, debido inicialmente a la crisis industrial de los años 30 y luego, tras la Guerra Civil, a la imperiosa necesidad de alimentos, la autarquía y las dificultades características de reconversión de una economía orientada a la actividad bé-lica a una de tiempo de paz. Esto quitó protagonismo y agravó las dificultades de una ciudad como Cartagena, orientada históricamente a la actividad industrial y militar.

Los censos de población de los años treinta manifiestan que el mayor porcentaje de población ocupada en Cartagena era el correspondiente a los militares, que eran un 15,07 de la población, siendo la segunda ocupación la agricultura, con un 12,79. Las industrias de distinto tipo (naval, metalúrgica, madera, textil, alimentaria, química, etc) suponían, estudiadas de forma global, un porcentaje próximo al 30%, siendo también importante el transporte, el comercio, las profesiones liberales y la administración.

De entre los productos agrícolas solamente los de regadío eran importantes para la región y en Cartagena prácticamente eran inexistentes, en parte por el fracaso de los intentos de trasvasar agua desde la desembocadura del Segura y desde las sierras de Jaén. Este segundo proyecto, estudiado por mí en el libro Un modelo alternativo de trasvase: el Real Canal de Carlos III, pretendía, según el estudio del ingeniero Enrique Gómez López de 1928, la conducción de las aguas de los ríos Castril y Guardal hasta el campo de Cartagena siguiendo el trazado propuesto en el siglo XVIII. Los pobres cultivos de secano, sometidos a un clima cálido y bajas precipitaciones configuraban un paisaje desolador en el medio rural de la comarca, agravado por la sequía en el periodo 1930-31 y los enfrentamientos entre patronos y jornaleros. La sequía, omnipresente en nuestras etapas de crisis, volvió a repetirse en la comarca en 1934, acompañada en esta ocasión de granizadas y seguida en 1936 de plagas de mildíu y langosta.

La economía de la Segunda República en Cartagena está marcada por el impacto negativo de la crisis de 1929, que contrajo el comercio exterior y frenó los dos motores básicos del desarrollo local: la minería y el comercio portuario. La factoría naval de la Sociedad Española de Construcciones Navales, que ocupaba en la ciudad a mas de 3000 obreros, se vio también afectada por la crisis del sector, reduciéndose desde 1929 la producción año a año de una forma espectacular, pasándose de las 37000 toneladas de esa fecha a las 3100 de 1935.

En algunos sectores como la minería, tan importante para el equilibrio económico local, la actividad se redujo en mas de un 50%, pasando de 6910 trabajadores en 1930 a 3213 en 1940. La sierra minera de Cartagena-La Unión, según los estudios de Juan Bautista Vilar, Pedro Egea Bruno y Diego Victoria, había dejado de ocupar un lugar privilegiado desde los años 20 y esto condicionó la actividad económica de una ciudad supeditada a la inversión estatal y cuyos únicos capitales autóctonos procedían de la minería. La crisis económica internacional contrajo la demanda, la comarca pasó del auge a la depresión, contribuyendo a la conflictividad social y agravando la excesiva dependencia estatal por el paulatino proceso de colectivización de las explotaciones entre 1936 y 1939.

A la situación del mercado internacional de minerales debemos sumar un cierto agotamiento de los mejores yacimientos de La Unión, Mazarrón y Cartagena: El Gorguel, Peña del Águila, Manto de Azules, Llano del Beal y el Cabezo Rajado.

Un informe realizado en 1931 resaltaba con pesimismo la depreciación de los minerales en el mercado mundial, donde no se encontraban compradores para el hierro, las calaminas y las blendas, lo cual hacía que las explotaciones se paralizasen. El carácter familiar de muchos de los negocios mineros hacía que no pudiesen soportar esta situación, de la que solamente se salvaban las explotaciones de galena y pirita de hierro. Debemos destacar el importante papel del Sindicato Minero de Cart-agena-La Unión en el pago de las primas de compensación de pérdidas procedente de los fondos de reserva que a este efecto se habían constituido durante años.

El mineral de plomo, fuente de riqueza fundamental en la comarca, pasó, según las estadísticas mineras, de una producción de 24.511 Tm. en 1928 a 8.954 en 1935. Perdieron las minas las dos terceras partes de su capacidad productiva, siendo más acusada aún la pérdida de valor del mineral. En 1933 el Sindicato Minero antes aludido consiguió un crédito procedente del Banco de Crédito Industrial, pero a pesar de ello tuvieron que cerrar varias minas.

Los años de la República fueron en Cartagena, como en todo occidente, de conflictividad social. Aparte de los cambios políticos, que más adelante referiremos, es evidente que la coyuntura económica era suficientemente grave como para provocar esta situación de conflicto. Uno de los más importantes indicadores de esa situación es el paro obrero, consecuencia directa de la crisis económica. En este sentido, diremos que el año mas crítico a nivel local fue 1933, agravado por la crisis de las exportaciones que contrajo la actividad económica del puerto y las minas, que tenían ya en 1936 un 10% de desempleo. En los días previos a la Guerra estos datos eran peores. Los partidos políticos no encontraban soluciones a la crisis. Los diarios de la época reflejan una situación social francamente violenta relacionada con la mendicidad, la miseria, el desarraigo, la relajación de costumbres y la desestructuración familiar.

Situación política en vísperas de la República.

Durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera se consumó la disolución de los tradicionales partidos de la Restauración, el conservador y el liberal, que se habían alternado en el poder durante décadas apoyados en el caciquismo y que en el primer cuarto del siglo languidecían por el deterioro del sistema, el excesivo protagonismo del Rey Alfonso XIII y la falta de líderes de talla.

Murcia había sido tradicionalmente feudo de uno de los prohombres del partido conservador, Juan De la Cierva y Peñafiel, quien se jactaba de que en la provincia no se movía un papel sin pasar antes por sus manos. Había sido varias veces ministro y Presidente del Gobierno, tenía fuertes intereses en la Región y toda una red de clientes y amigos políticos que se prestaban a sus manejos electorales. En Cartagena su mano derecha era José Maestre, emparentado con el famoso Zapata (tío Lobo) y ya propietario en los primeros años del siglo de la todopoderosa empresa Mancomunidad Zapata. Los años de la Dictadura fueron de cierto oscurecimiento del grupo ciervista en Cartagena, detectándose cierto resurgimiento en los días previos a la proclamación de la República, consiguiendo el nombramiento de Francisco Muñoz Delgado como alcalde de Cartagena.

El partido liberal mantenía en 1930-31 una atonía todavía mayor, siendo su líder en Cartagena el antiguo diputado García-Vaso. Otros partidos monárquicos eran el partido albista, sin delegación en Cartagena, y el reformista, luego liberal-demócrata, de Melquíades Álvarez. El partido agrario estaba ligado a la Federación Agraria e Instructiva de Levante y poseía un medio de expresión en Murcia, el diario Levante Agrario, dominado por el cartagenero Tomás Maestre. Tenía este partido un carácter agrario y localista murciano que no tuvo éxito en Cartagena, donde triunfaba con fuerza el partido Cartagenerista. La Federación Católica Agraria y su principal órgano de difusión, el diario La Verdad fundaron otro partido, el católico-social, a partir de los sindicatos agrarios, de fuerte implantación regional, que acabó integrándose en 1931 en el partido Acción Nacional de Herrera Oria.

Por su parte, el dictador Primo de Rivera funda Unión Patriótica, que desapa-reció tras su muerte, integrándose sus miembros en otros partidos de derecha. Los par-tidos republicanos y de izquierdas se encontraban todavía mas desorganizados por no contar con demasiados elementos de talla política a nivel local, carecer de experiencia de gobierno y haber permanecido en la clandestinidad en algunos momentos de la Dictadura. Sin embargo, el desprestigio de la Monarquía y de su aparato institucional hizo que las elecciones municipales convocadas en marzo de 1931 por Aznar fuesen una buena oportunidad para medir sus fuerzas con los partidos tradicionales. Su fuerza radicaba en la unidad de acción entre las distintas facciones republicanas y socialistas, acordada en el Pacto de San Sebastián firmado el 17 de agosto de 1930, cuyo principal objetivo era el fin de la Monarquía y el advenimiento de la República.

El partido mas arraigado en nuestra región era el radical del demagogo Lerroux y estaba coaligado en Murcia con el de Azaña, Acción Republicana, cuyo hombre fuerte era el catedrático de Derecho Penal Mariano Ruiz-Funes. La coalición se denominó Alianza Republicana. En Cartagena tuvo mucho éxito el producto de una excisión a nivel nacional en este grupo, el partido radical-socialista. También tuvo presencia en la región el partido de Alcalá Zamora, derecha liberal republicana.

En la ciudad de Cartagena, a pesar de la incultura política antes apuntada, el movimiento obrero tenía una fuerte implantación por diferentes causas:

1º Tener, al contrario que en el resto de la provincia, una numerosa población obrera, concentrada en sectores tradicionalmente reivindicativos y concienciados política y sindicalmente: la minería y el sector naval.

2º Existir un precedente local de lucha popular: el cantonalismo de la Primera República.

3º Haber entendido los obreros en aquellos momentos que la burguesía realizaba una política y defendía unos intereses no solo diferentes, sino más bien opuestos a los intereses populares. La experiencia federalista del Cantón Murciano durante la Primera República despertó entre algunos obreros de Cartagena su conciencia de clase.

El Partido Socialista Obrero Español se implantó en Cartagena en 1910, sien-do esta la primera agrupación de la provincia y construyéndose en pleno corazón mi-nero, en el Llano del Beal, una Casa del Pueblo en 1916. En las elecciones previas al golpe de estado de 1923 habían presentado un candidato a Cortes, Lucio Martínez. En ese año tenían ya concejales en el ayuntamiento y en 1928 consiguieron la legalización. El anarquismo tenía una presencia todavía más antigua, a pesar de su clandestinidad, surgiendo en la sierra minera el periódico La Unión, de carácter bakuninista, que pasó en 1891 a llamarse 1º de mayo. Su influencia en Cartagena hemos de relacionarla con la masiva llegada de emigrantes andaluces y la existencia de uno de los tres centros comarcales y varias secciones locales. Su legalización, según José Antonio Ayala, se produjo en 1930.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se caracterizaron por la unidad de acción entre republicanos y socialistas, cuyo único aglutinante fue la lucha antimonárquica y la reivindicación de la República, y su eficacia en el desempeño de la actividad electoral pese a las limitaciones antes apuntadas. La campaña en Cartagena tuvo lugar en medio de un ambiente de tranquilidad, reflejándose en los mítines de los partidos republicanos y de izquierdas una crítica tanto de la monarquía como de los partidos tradicionales y en los de éstos una defensa de la estabilidad y el orden público.

La implantación de la República y el bienio social-azañista.

En el municipio de Cartagena, a pesar de la elevada abstención y de ciertas irregularidades inherentes al sistema, el triunfo de la conjunción republicano-socialista a nivel local se acogió con enorme júbilo. Como en casi toda España, la proclamación de la República se vivió de forma pacífica, produciéndose multitudinarias manifestaciones y concentraciones en torno a las principales arterias y edificios públicos de la ciudad.

El día 15 de abril de 1931 tomo posesión en el ayuntamiento una gestora provisional formada por los tres concejales más votados: Severino Bonmatí Vicedo (Radical Socialista), Luis Romero Ruiz (PSOE) y Amancio Muñoz de Zafra (PSOE). El objetivo era dar entrada a la bandera tricolor, símbolo de la República, lo cual se hizo con el acompañamiento de una enorme muchedumbre que ocupaba, no sólo el palacio municipal, sino también muchísimas plazas y calles de los alrededores. Los nuevos representantes municipales penetraron en las casas consistoriales con los acordes de La Marsellesa, desfiles y vivas a la República y dirigieron a la multitud el deseo de todos de que la enseña: “…sirva de guía a todos los patriotas en la nueva era que comienza para España…”. Dos días después, el 17, tomó posesión el nuevo equipo municipal siguiendo las instrucciones marcadas por el gobierno de la República: “Ministro gobernación ordena que se constituya inmediatamente ese ayuntamiento acatando resultado sufragio día doce conforme ley municipal 1877, salvo que se hubiesen formulado o se formulasen protestas por coacciones o falseamiento elección, en cuyo caso quedará en suspenso constitución. De todo ello se me dará oportuna cuenta”.

En este contexto de absoluta normalidad y legalidad, con la rúbrica del notario Fausto Suárez Pérez, el último alcalde monárquico hizo entrega del poder municipal al concejal más votado, Severino Bonmatí, quien había obtenido un total de 1559 sufragios. En total fueron elegidos 45 concejales, de los cuales 20 eran republicanos, 10 del Partido Cartagenerista, 10 del PSOE, 4 conservadores y uno independiente. Parece que la figura de más prestigio era Severino Bonmati Vicedo, que fue elegido, a pesar de su negativa por ser candidato, presidente de la mesa electoral que había de organizar la votación interna de selección del alcalde. El acuerdo entre los concejales hizo que su candidatura sólo obtuviese su voto frente a los 44 de Francisco Pérez Lurbe, de la Alianza Republicana, nueva máxima autoridad municipal, siendo sustituido poco después por Pedro Sánchez Meca. El resto del equipo de gobierno quedó completado con los siguientes concejales: -Teniente de Alcalde: Luis Romero Ruiz (Alianza Republicana).  -2º Teniente de Alcalde: Amancio Muñoz de Zafra (PSOE).  -3er Teniente de Alcalde: Severino Bonmatí Vicedo (PRRS - Partido Republicano Radical Socialista).  -4º Teniente de Alcalde: El médico Ángel Sánchez Del Val (PSOE).  -5º Teniente de Alcalde: Miguel Céspedes Pérez (PSOE).  -6º Teniente de Alcalde: Pedro Peñalver Alcaraz (PRRS). -7º Teniente de Alcalde: Ramón Navarro Vives (Alianza Republicana). -8º Teniente de Alcalde: Rosendo Zamora Ruiz (Alianza Republicana). -9º Teniente de Alcalde: Luciano Fructuoso (Alianza Republicana). -10º Teniente de Alcalde: Alejandro Del Castillo Roda (Alianza Republicana).

La nueva corporación no introdujo en la vida municipal grandes novedades de organización, siendo la tónica habitual el respeto a los usos tradicionales. Se eligieron de entre los concejales dos procuradores síndicos, encargados de los asuntos jurídicos, siendo lo habitual que fuese solo uno. Esto se hizo para contentar tanto a republicanos, que eligieron a César Serrano Mateo ( en febrero de 1936 nombrado alcalde), como a socialistas, que hicieron lo propio con José María Hernández Meoro. Una vez más, y a pesar de que era la familia con mas carisma en la vida política cartagenera, quedó fuera de la elección un miembro de los Bonmatí, Casimiro, que pretendía uno de los dos puestos, a pesar de no pertenecer a la mayoría. Otro aspecto que se modificó fue el horario de los plenos ordinarios, que pasaron a ser los viernes a las 18:30 para permitir la asistencia a éstos de los obreros.

Podemos decir que la gran revolución dentro de la vida política consistió en la existencia de un debate político de gran riqueza y un aire de libertad que duró hasta septiembre del 36, cuando el gobierno central de Largo Caballero interviene el gobierno municipal, imponiendo un estado revolucionario y de guerra. El alcalde impulsó un nuevo estilo, cercano al reformismo tranquilo, a la revolución de terciopelo que pretendían los republicanos:

1º Intentando regenerar la política, renunciando a los sueldos y al coche oficial, en un intento de austeridad y, por qué no decirlo, con una dosis de demagogia política, como demuestra la utilización de frases como “no puede el alcalde pasearse en automóvil cuando el ayuntamiento debe pesetas” o “ aquí se terminaron las cartas de recomendación y el favoritismo”.

2º Queriendo contentar a sus amigos políticos de la izquierda e impulsando una política social. Introduciendo en el presupuesto importantes partidas destinadas a la Instrucción Pública y la Asistencia Social.

3º Tranquilizando a la burguesía al poner como objetivo el mantenimiento del orden público y la legalidad y, en un alarde autoritario y parodiando al Alcalde de Zalamea, defender la independencia municipal diciendo que su vara de mando “antes de doblegarse se romperá”.

En cuanto a los presupuestos de la época republicana, de talante social-reformista, diremos que destacaban los importantes capítulos dedicados a la instrucción pública, beneficencia, asistencia a ancianos y asistencia social, quedando las partidas desglosadas de la siguiente forma: -OBLIGACIONES GENERALES: pensionistas y jubilados, créditos, litigios, servicios al estado y anuncios y suscripciones. -REPRESENTACIÓN. -VIGILANCIA Y BOMBEROS. -ADMINISTRACIÓN.  -PERSONAL.  -SALUD E HIGIENE: aguas, limpieza, desinfección y epidemias.  -BENEFICENCIA: médicos, socorro de pobres y calamidades.  -ASISTENCIA SOCIAL: fomento, casas baratas, seguros sociales y retiro obrero.  -INSTRUCCIÓN PÚBLICA: escuelas, talleres y cultura.  -OBRAS PÚBLICAS.  -MONTES.  -FOMENTO DE EXPOSICIONES.  -IMPREVISTOS.

En los primeros días de la República eran frecuentes los debates y declaraciones de intenciones, pues, dada la multitud que asistía a los plenos y jaleaba las sesiones, los políticos aprovechaban para exponer sus programas y los de su partido, dadas las ansias de libertad del pueblo y el beneplácito con que eran acogidas las nuevas ideas. Podemos decir que, como suele suceder cuando se produce una renovación, del género que sea, el pueblo acoge con agrado las novedades y, en la Cartagena de 1936, la política estaba de moda. Estas eran las posturas, además de la del equipo de gobierno republicano, ya conocida, que existían en el consistorio cartagenero en los albores de la Segunda República:

-La de los socialistas, coaligados con la mayoría republicana, representados por el segundo teniente, mas adelante alcalde, Amancio Muñoz de Zafra quien, en su toma de posesión expuso de forma conciliadora su “modus operandi”: “…yo no haré, ni más ni menos, que ser consecuente, hacer honor a mi conducta y a mis ideas, buscar solu ciones a las necesidades del proletariado y defender en España las ideas democráticas…”.

Era un planteamiento moderado, progresista, cercano a las ideas del sector reformista y legalista del Partido Socialista Obrero Español, representado de forma especial a nivel nacional por Prieto, Besteiro y Fernando de los Ríos. Sin embargo, con el paso del tiempo, como tantos socialistas, fue radicalizando su discurso, justificando su colaboración con la república democrática por el objetivo común de acabar con la Monarquía y cierta simpatía paternalista. En uno de los plenos recogidos en el libro de actas capitulares dejó caer esta reveladora sentencia: “…pudiera suceder que, en algún momento, como consecuencia de nuestras normas políticas, económicas y sociales, apareciese nuestra disconformidad, lo que pudiera ser en medidas gubernamentales, en confección de presupuestos y en la forma de realizar impuestos. En estas cosas que son consustanciales con nuestros ideales …nos hemos, pues, de orientar a la defensa de nuestras ideas socialistas y nos conduciremos laborando tenazmente hasta conseguir la redención del proletariado, que no es otra cosa que la implantación de una sola clase, la de trabajadores dignos y libres que obtengan íntegramente el producto de su trabajo…”.

Con estos amigos políticos de coalición y la presencia en el ayuntamiento de personajes de la derecha histórica como Alfonso Torres, Justo Aznar, Mariano Pascual de Riquelme, Pedro Sánchez o Manuel Dorda; y extrapolando esta situación al resto del país, podemos aventurar desde el análisis de la base histórica local algunas de las causas del estrangulamiento, desde las fuerzas tradicionales primero, y desde la izquierda desde septiembre de 1936, de la segunda experiencia republicana.

-La de los representantes del Partido Republicano Radical Socialista, el tercer teniente de alcalde, el incombustible y voluntarioso Severino Bonmatí Vicedo y el sexto, Pedro Peñalver Alcaraz. Estos concejales, en general aliados casi siempre y fieles a la mayoría republicana, eran el máximo exponente del republicano legalista, democrático e idealista, poniendo siempre énfasis en el respeto a la ley, la justicia, la moral y la persona, mostrándose en todos sus discursos críticos con la extinta monarquía.

- La de la minoría conservadora, agazapada y tímida por saberse a contracorriente, representada por Pedro Sánchez. Se muestra en los albores del régimen tolerante y colaboradora.

- La del peligroso (para la causa republicana) grupo cartagenerista, representado por el alcalde del periodo de la Dictadura de Primo de Rivera Alfonso Torres, que aglutinaba al núcleo mas duro y conservador de la burguesía cartagenera que lideraron en la ciudad la Unión Patriótica y que ahora escondían su auténtica ideología y sus fines últimos con una estrategia localista que tan buenos dividendos electorales ha dado tradicionalmente en esta ciudad y que creemos queda expresada en estas palabras dirigidas a la corporación: “Saludo cordial y afectuoso, lleno de respeto a la nueva corporación de Cartagena. Nuestra bandera no es mas que una: Cartagena…”.

La implantación de la Segunda República lo fue en un clima de gozosa tranquilidad que se prolongó durante todo el mes de abril, con algunos pequeños conatos de revuelta anarquista y algunas manifestaciones algo subidas de tono en el periódico promonárquico Cartagena Nueva. Los primeros incidentes serios tuvieron lugar en el mes de mayo, coincidiendo con los sucesos de Madrid del día 10 de ese mes y el resurgir de la actividad política por la proximidad de las primeras elecciones legislativas, en las cuales participó a nivel provincial un nuevo partido, minoritario, el federal del autor del libro sobre El Cantón Murciano Antonio Puig Campillo.

Las elecciones generales de 1931 se celebraron siguiendo el sistema electoral de 1907, con la novedad de constituir las ciudades que como Cartagena tenían mas de 100.000 habitantes un distrito separado del resto de la provincia para favorecer con ello el voto urbano, mas progresista y republicano, e intentar corregir la enorme y fatídica para el nuevo régimen dispersión política. Se mantenía el sufragio universal masculino (Azaña lo extendería a la mujer en las segundas elecciones), se rebajaba la edad para votar a 23 años y se permitía la elección de mujeres. Se votó el 28 de junio y Cartagena eligió dos diputados particulares de su distrito, Murcia capital cuatro y para el distrito provincial otros siete, en total trece.

La proliferación de partidos hizo necesaria la existencia de alianzas, especialmente entre los partidos republicanos, proponiéndose varias combinaciones para reeditar la unión conseguida para las elecciones municipales. Finalmente fueron juntos a la contienda los radicales, el Partido Socialista Obrero Español y la Acción Republicana de Manuel Azaña, no participando en las coaliciones los radical-socialistas. En Cartagena participaron también la derecha liberal y los agrarios, sin embargo la derecha quedó casi borrada en estas elecciones.

En la ciudad departamental participaron, según el anuario estadístico, 16.132 electores (la mayoría del casco urbano) de los 33.883 censados, lo cual supuso un 47,61%, que contrastaba con el 67,68 % que votaron en el resto de la provincia y el 68,65% de Murcia capital. Esta elevada abstención del municipio se debió a estos factores:

1º La falta de claridad en el panorama electoral republicano, donde el camba-lache de coaliciones posibles, no despejado hasta última hora, confundió al electorado.

2º La dispersión de partidos tradicionales de derechas, mayor que en el resto de la provincia, mezclándose la derecha monárquica representada por Pedro Sánchez, los regionalistas agrarios y el localista Partido Cartagenerista o Upetista, con gran atractivo para las elecciones locales, pero de difuso perfil político para los electores en el contexto nacional, siendo su líder el antiguo alcalde Alfonso Torres.

3º La elevada abstención del campo de Cartagena, donde el predominio del poblamiento disperso y las malas comunicaciones dificultaban el voto de una población rural (salvo notables excepciones como La Palma) con escasa cultura cívica y formación política.

4º La existencia de una fuerte implantación del sindicato anarquista CNT, que no existía en el resto de la provincia y que vaciló hasta el último instante en recomen-dar a simpatizantes y afiliados la abstención, el voto a la conjunción republicano-socialista o el apoyo al partido federal, postura que fue la que al final predominó.

Fueron cinco los candidatos que finalmente concurrieron a la contienda electoral en Cartagena, siendo elegidos por el sector “oficialista” el radical Ángel Rizo, con 7.893 votos (48,93%) y el radical socialista Ramón Navarro Vives, con 4.156 votos (25,76%). A nivel provincial la coalición social-republicana había obtenido diez de los trece escaños posibles (cinco radicales, tres socialistas y dos de Acción Republicana). Los radical-socialistas, con tres escaños, habían demostrado su tirón electoral y la capacidad de organización y movilización de sus militantes, siendo la gran perdedora la derecha tradicional.

El llamado bienio social-azañista se caracterizó sobre todo por la elaboración de la Constitución de 1931, la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Estos y otros temas de alto calado político hicieron que la inicial unidad de los republicanos fuese diluyéndose por existir dentro de los socios de gobierno amplias diferencias ideológicas, políticas y morales sobre si el estado debía de ser centralista o federal, social o liberal, confesional o laico, etc. Los años treinta fueron en el mundo occidental los del auge de los extremismos políticos, los del desarrollo del socialismo totalitarista y el fascismo, en resumen, los de la crisis del estado democrático. Y la joven república española fue víctima de esos extremismos, que habían calado hondo en algunos de nuestros políticos, así como en las masas y los poderes que ellos representaban. Los primeros problemas surgieron al plantearse la separación entre la iglesia y el estado que, como comenta el propio Azaña en su Testamento Político, provocó la hilaridad de la derecha republicana y más de una rabieta en el veleidoso y mojigato Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora.

La Reforma Agraria, por otro lado, provocó la reacción de los propietarios del campo que fundaron a nivel estatal un gran partido de derechas, Acción Nacional (más tarde Acción Popular) y justificó el paso del Partido Radical de Lerroux , al ver frustradas éste sus aspiraciones políticas, a la oposición. En la región la prensa conservadora, especialmente La Verdad de Murcia y Cartagena Nueva, estalló en cólera contra la reforma agrícola de una forma especialmente agresiva por ser el diputado murciano de Acción Republicana Mariano Ruiz-Funes su principal redactor e impulsor. En Cartagena el nuevo partido Acción Nacional surgió a partir del sólido gru-po (con 10 concejales en el Consistorio) del Partido Cartagenerista, los cuales ya no ocultaban sus auténticos principios y el color de su bandera: religión, patria, orden, familia y propiedad. Con motivo del frustrado intento de golpe de estado de Sanjurjo el 10 de agosto de 1932 comenzaron a aparecer en Cartagena los primeros síntomas de crispación de la vida política, tomándose algunas medidas para contener los excesos de la derecha:

1º Se suspendió durante algún tiempo el diario “Cartagena Nueva” por acuerdo municipal y de forma preventiva “…en vista de los sucesos acaecidos y la tensión en que se encuentra el pueblo de Cartagena…”.

2º Se clausuró el centro de Acción Popular en la ciudad por existir indicios de que desde allí se conspiraba contra la República.

3º Fueron encarcelados algunos políticos que participaron en la trama política de la “sanjurjada”, entre ellos el comisario de policía.

4º Se decretó una inspección de la gestión municipal desde el 13 de septiembre de 1923, que en realidad ocultaba un ajuste de cuentas contra personajes públicos de la Dictadura como Alfonso Torres, muy implicados en la vida política de la ciudad y en la oposición al nuevo régimen.

El periodista, concejal y político militante de la derecha Manuel Dorda se convirtió en bandera de la denuncia a favor de la libertad de expresión y de prensa, en peligro, según sus curiosas manifestaciones, por el autoritarismo a nivel local de la coalición gobernante. La lectura del discurso de José Antonio Primo de Rivera en Cartagena, recogido por el diario El Eco el 30 de octubre de 1933, nos hace pensar que las autoridades municipales, con mayor o menor fortuna, obraban de forma justificada contra los excesos de los grupos de la derecha, que habían perdido el miedo al pueblo y el respeto a la República y que tenían como única bandera la defensa de unas ideas que había que imponer a toda costa: “…Para defender estos principios no hay que decir que no se debe apelar a la violencia. Nosotros apela remos siempre a la violencia de los puños y las pisto las cuando se trate de ofender a la patria o hacerle daño…”

En 1933 el abanico político continuó ensanchándose, apareciendo la Confederación Nacional de Derechas Católicas o CEDA, a partir de Acción Popular, con un gran líder nacional, José María Gil Robles. También la Falange Española, del ya aludido José Antonio Primo de Rivera y, en la otra orilla, el Partido Comunista. Podemos decir, por tanto, que en 1933, a semejanza de lo que sucediera en el resto de Europa, la democracia se vio amenazada tanto por el fascismo como por los radicalismos revolucionarios y la joven República Española se convirtió en marco y escenario durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939 del primer acto de un enfrentamiento generalizado entre tres formas de entender la vida y la sociedad: la democracia, el fascismo y el totalitarismo socialista. En nuestro breve estudio hemos intentado acercarnos a los primeros tiempos de la República, años de esperanzas y júbilo popular tras largas décadas de atonía política. Época de cambios y reformas, momento en el cual se abría una etapa de esperanza en el futuro de España que, visto desde el análisis distante que nos permite la historia nos parece casi una utopía. Pero ya va siendo hora de que los historiadores hablemos de cosas imposibles, porque, como dijo el trovador, de lo posible “se sabe demasiado”.